Autores expertos en derecho penal médico comentan sin embargo que el Derecho Penal debe cumplir con el principio de intervención mínima y de individualización de la pena, tal y como hace esta sentencia. La misma valora la actuación de cada uno de los facultativos dentro del sistema sanitario, pero no como responsables últimos de los errores del equipo, dato este fundamental para comprender el enfoque de dicha sentencia.
La sentencia parece basada en dos principios básicos, (1) el principio de individualización de la pena de la jurisdicción penal, que supone que una persona no debe responder más que de su propia actuación, (2) y que la jurisdicción penal debería usarse sólo en casos muy graves, y además sólo cuando no haya otro camino, al entender que han fracasado los otros mecanismos existentes de protección de los bienes jurídicos de las personas. La sentencia sobre este último punto reconoce que existen otros mecanismos del Estado para resarcir al perjudicado, y que no son la pena de cárcel propuesta.
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