Empleados acusados de llevar a la quiebra a su empresa son juzgados por supuesto fingimiento de patologías que originaron bajas laborales

El juzgado de lo Penal número 17 de Paterna (Valencia) ha juzgado el día 29 de marzo a cuatro extrabajadores a los que su antigua empresa, dedicada al transporte, acusaba de extorsión, además de llevarles a la quiebra tras cogerse bajas médicas concatenadas, según consta en el escrito de acusación particular, al parecer con intencionalidad manifiesta y ánimo de perjuicio a dicha empresa. En la causa figuran también como imputados representantes sindicales. La empresa denunciante pide para cada una de estas personas una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión, y una indemnización de más de un millón de euros en concepto de responsabilidad civil. El ministerio fiscal solicitaba la absolución al no hallar delito en la actuación de los imputados.

La empresa denunciante era una sociedad familiar de transportes con más de 20 años de antigüedad. Según consta en el escrito de conclusiones de la acusación, los conflictos comenzaron hace aproximadamente 6 años, cuando, a petición de un sindicato, se celebraron en la empresa unas elecciones para delegado de personal, cuyo resultado no resultó del agrado de los extrabajadores, puesto que no resultó elegido ninguno de ellos como al parecer esperaban. Desde ese momento, relata la acusación, los trabajadores querellados comenzaron a crear "graves problemas" a la empresa para conseguir que los administradores realizasen alguna actuación que pudiera dar lugar a la impugnación de las elecciones, hecho que nunca consiguieron.

Fue entonces cuando se refiere los imputados supuestamente "empezaron a llevar a cabo actividades ilícitas", causando bajas laborales por enfermedades también supuestamente "simuladas" que les resultaban muy fáciles de fingir, ya que se trataban de enfermedades de difícil objetivación por los facultativos del sistema público de salud. Los diagnósticos escogidos entonces por los afectados fueron cervicalgia, lumbalgia, y depresión. Posteriormente estos trabajadores, cuando aún continuaban de baja, fueron despedidos por los daños que estaban ocasionando a la empresa. Al parecer también se relata que posteriormente hubieron reuniones entre el administrador de la empresa y varios trabajadores y representantes sindicales, en las cuales se exigía a los gerentes el pago de ciertas cantidades económicas a cambio de no interponer numerosas denuncias contra la empresa "por cualquier cosa", que conducirían con el tiempo al cierre empresarial.

Otras serie de datos complementarios son aportados en la demanda, con referencia a nuevos diagnósticos simulados, como “ansiedad”. Como consecuencia de estas bajas, la empresa dice haber sufrido pérdidas económicas irreparables que le colocaron en una grave situación respecto a sus acreedores. Por ello refiere no haber tenido más remedio que presentar concurso de acreedores, aunque el juzgado lo desestimó porque no tenía ningún activo con el que hacerle frente. Posteriormente la mercantil acordó su disolución y liquidación.